El delegado del Gobierno en Madrid,
Francisco Martín, ha anunciado este jueves, 16 de enero de 2025, la puesta en marcha de una Mesa
Tripartita de urgencias sociales en la que convocarán a representantes del
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, con el
objetivo de abordar las problemáticas que afectan a los vecinos de las calles
Cullera y Quart de Poblet, situadas en el barrio de Lucero.
Martín destacó que esta iniciativa
busca coordinar acciones entre administraciones para dar respuesta a una
situación que calificó como "una calamidad que ya no se puede demorar
más". Entre las cuestiones que se tratarán están la drogodependencia, los
problemas de menores, la gestión del entorno urbano y la ocupación ilegal de
viviendas.
La mesa será coordinada por la
subdelegada del Gobierno en Madrid y se prevé que las reuniones comiencen a
finales de este mes. El representante estatal expresó su esperanza de que esta
estrategia conjunta permita resolver no solo esta crisis específica, sino
también otros problemas sociales de similar envergadura en la ciudad.
Durante una visita al barrio, tras
una reunión en la sede de la Asociación Vecinal de Lucero, Martín recorrió la
zona junto a representantes de la entidad y el presidente de la FRAVM (Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), Jorge Nicarino. En el recorrido,
los vecinos expusieron las dificultades que enfrentan, como la degradación
urbana, problemas de convivencia y salubridad, además de las secuelas de los
antiguos "narcopisos" desmantelados en una redada en septiembre.
UNAS CÁMARAS DE VIGILANCIA QUE NO LLEGAN
En relación con la videovigilancia
de la zona, Martín criticó la demora en la instalación de cámaras de seguridad
en el barrio, cuya implementación depende del Ayuntamiento de Madrid. Según el
delegado del Gobierno, la última promesa del Consistorio indica que no estarán
instaladas hasta finales de 2025, un plazo que calificó de “incomprensible”,
dado que la demanda de los vecinos lleva años sin ser atendida.
Por su parte, el presidente de la
FRAVM agradeció la iniciativa del delegado y subrayó la importancia de mantener
la presión policial en la zona mientras se implementan soluciones más
integrales. También destacó la necesidad de involucrar a la Consejería de
Sanidad y a Madrid Salud en estas políticas para ofrecer una respuesta a largo
plazo que incluya atención social y sanitaria a personas dependientes.
En septiembre pasado, una
macrorredada policial en la calle Cullera movilizó a 288 agentes nacionales,
resultando en 33 detenciones y 21 registros por tráfico de drogas. Los
detenidos quedaron en libertad provisional con órdenes de alejamiento y los
vecinos criticaron esta decisión judicial, argumentando que no garantiza la
seguridad a largo plazo.
Francisco Martín aseguró que los
agentes que patrullan la zona están garantizando el cumplimiento de las órdenes
de alejamiento, pero reconoció que la convivencia sigue siendo un desafío
debido a la ocupación ilegal de inmuebles y la falta de atención a toxicómanos
por parte de las instituciones responsables.
El delegado también instó al
Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid a asumir su responsabilidad
en la rehabilitación del entorno urbano y la gestión de viviendas sociales.
Según él, la Agencia Social de la Vivienda no ha presentado denuncias por
ocupaciones ilegales, lo que dificulta los desahucios y “perpetúa la situación
de degradación”.
PIDEN A LA AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL QUE DENUNCIE LAS
OKUPACIONES
Por su parte, Javier Poveda,
representante de la Asociación Vecinal de Lucero, valoró positivamente la
convocatoria de la Mesa Tripartita como un paso hacia la solución del problema.
Sin embargo, insistió en que la clave está en una intervención integral que
combine presión policial, atención sanitaria y social, y mejora del entorno
urbano.
Poveda destacó que muchos pisos
ocupados en la zona pertenecen a la Agencia Social de la Vivienda, aunque esta
no lo reconozca oficialmente. "Si no se denuncia la ocupación, no habrá
desahucios y el problema no se resolverá. Cada administración tiene sus
responsabilidades y es tiempo de que las asuman", afirmó.
Desde la FRAVM también se expresó
preocupación por la falta de coordinación entre las instituciones judiciales y
vecinales. Nicarino criticó la decisión de la judicatura de rechazar reuniones
con asociaciones de vecinos, lo que, según él, limita la efectividad de las
intervenciones policiales y debilita la seguridad en la zona.
Los vecinos de este barrio de
Latina coinciden en que la problemática de Cullera no se resolverá únicamente
con operativos policiales, sino que requiere un enfoque multidisciplinario.
Entre las propuestas mencionaron una mayor inversión en políticas sociales y
sanitarias, la intensificación de la vigilancia en el barrio y la
rehabilitación de espacios urbanos.
