El juzgado deja en libertad y con orden de alejamiento a los 33 detenidos en la macrooperación policial de la calle Cullera
Multan al actor y director de Aluche Daniel Guzmán por lesiones leves a uno de los okupas de su vivienda junto a Casa de Campo
"Condenan al actor Daniel Guzmán por agredir a un grupo de
okupas que expulsó por la fuerza de su casa de Madrid", titula, este 2 de agosto de 2024, Antena 3 noticias
Guzmán, que interpretó a 'Roberto' en 'Aquí no hay quien viva', también conocido como Tifón en su época de grafitero, ha negado en todo momento su participación en los hechos por los que estaba siendo investigado, añade. El juez le condena por agredir a un grupo de jóvenes que ocuparon una de sus propiedades en Madrid en mayo del 2023.
El Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital le ha impuesto una condena por un delito leve de lesiones, a pesar de que el artista de Aluche ha negado en todo momento su autoría en los hechos y tampoco ha acudido a la vista oral del caso por el que se le investigaba.
Los hechos por los que ha sido condenado el actor
Seis jóvenes ocuparon una vivienda que estaba a nombre de Daniel Guzmán en mayo del año pasado. La casa se encontraba en las proximidades de Casa de Campo, estaba deshabitada y los individuos no sabían a quién pertenecía. En ningún momento la propia vecina de la casa tuvo problemas con los jóvenes porque, tal y como explican desde el tabloide digital 'El Salto', incluso se encargaban de cuidar el exterior.
Los ocupas, cuando se enteraron de que el reconocido actor era propietario de la vivienda, no dudaron en contactar con él para dialogar. Conocían que "era aparentemente sensible a los problemas de vivienda". Sin embargo, nunca llegaron a tener respuesta.
El 20 de mayo fue el día de la supuesta agresión. El grupo de jóvenes se encontraban dentro de la casa cuando cinco hombres entraron por una de las ventanas para sacarles por la fuerza. Siempre citando las mismas fuentes, les dieron varios golpes en la cocina y les pidieron que le diesen las llaves para echarles a rastras.
Uno de los asaltantes iba tapado. Posteriormente, fue identificado como el director, que fue grabado en un vídeo que ha sido clave durante todo el proceso judicial. Cuando la policía llegó, los asaltantes ya habían huido del sitio.
La multa que deberá abonar Daniel Guzmán
Según reza la sentencia a la que ha podido acceder el citado medio, Daniel Guzmán lesionó levemente a uno de los ocupas en las extremidades.
Por ese motivo, el actor, guionista y director ha sido condenado a pagar una multa de diez euros que debe abonar diariamente durante dos meses. También se verá obligado a responder económicamente en términos de responsabilidad civil al denunciante satisfaciéndole con 350 euros.
Los jóvenes consideraron que la reacción de Guzmán fue desproporcionada y que se distancia bastante de los valores que supuestamente expone en las redes sociales.
‼️ El actor Daniel Guzmán, condenado por sacar a golpes de una de sus casas a unos okupashttps://t.co/bq4tY3Abxo
— Vozpópuli (@voz_populi) August 2, 2024
La Fiscalía investiga las obras del cantón de limpieza de Cuatro Vientos
En la misma semana que el Ayuntamiento ha anunciado que el polémico e irregular cantón de Cuatro Vientos no figura entre los doce paralizados durante la campaña electoral, la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid responde a los vecinos anunciando la apertura de expediente para la investigación de esta obra.
En la misma fecha, igualmente, los afectados de Cuatro Vientos han recibido respuesta del Defensor del Pueblo, en el sentido de que solicitará al Ayuntamiento la urgente remisión de la documentación de la obra, que ha sido clasificada como “expediente confidencial”.
Los cantones de basura que José Luis Almeida y el concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, construyen en Cuatro Vientos, infringen la normativa de clasificación urbanística, ya que se construyen en terreno de “uso deportivo”.
El lunes 17 de abril de 2023, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su Concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y en plena campaña electoral, anunció la paralización de las polémicas obras de 12 de los 16 cantones de limpieza que está construyendo, o prevé construir en diferentes barrios de la ciudad. Pero también anunciaba que se mantendrían las de los cantones en construcción, como el Cuatro Vientos, el Centro Comercial Isla Azul, Vicálvaro y Villa de Vallecas, mientras frena temporalmente los del norte de la ciudad. Entre las obras que el Ayuntamiento, por tanto, pretende continuar se encuentra el cantón ubicado en la calle Sinfonía, en Cuatro Vientos, que lleva meses generando una enorme protesta por parte de los vecinos, ya que -entre otras cosas- se está construyendo sobre una parcela clasificada como de “uso de deportivo”, en un barrio que carece de todo tipo de dotaciones y no tiene ni siquiera un parque, por lo cual, el lugar que lo vecinos, desde hace años, utilizan como tal, es justamente el terreno que el consistorio pretende convertir en lugar para las basuras. Pero es que, además, el cantón se levanta a cien metros de edificios de vecinos, que sufrirán los inevitables perjuicios de una planta de procesos de basuras: olores, ruidos, tráfico continuado, y el peligro de las plagas y la insalubridad.Los afectados igualmente denuncian la falta de información del Ayuntamiento, que ha clasificado este expediente de obra como “confidencial”, y las contradicciones que se extraen de la escasísima documentación al respecto
Por todo ello, los afectados, -que llevan meses protestando por estas obras- han dado un nuevo paso adelante para frenar las intenciones del Ayuntamiento, y han denunciado el caso ante la Fiscalía esperando una respuesta que acaba de llegar.
El Defensor del Pueblo también interpelará al Consistorio
Pero no ha sido la única alegría para los afectados por la construcción de este cantón, que hace semanas, igualmente, elevaron el caso al Defensor del Pueblo. El martes 18 de abril, al día siguiente de recibir respuesta de la Fiscalía, los vecinos también han recibido carta de Ángel Gabilondo, que les indica que se está presionando al Ayuntamiento, para que este les entregue por fin la información que ya ha sido requerida, al respecto de esta obra, y el consistorio parece querer reservar.
Concretamente, la carta del Defensor del Pueblo indica que: “Con relación a su queja y ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Ayuntamiento de Madrid, en esta misma fecha se ha requerido la remisión urgente de la misma. Una vez que la administración envíe lo solicitado se le comunicara su contenido y las actuaciones que en su caso procedan”.
Reunión con la FRAVM y nuevas acciones
Los vecinos de Cuatro Vientos junto con el resto de los cantones afectados, exigen al Ayuntamiento que se paralicen las obras de todos los cantones proyectados en calles residenciales, y se busquen ubicaciones alternativas, en zonas alejadas de las zonas habitadas.
Por ello, anuncian que seguirán luchando intensamente en contra de esta barbarie pergeñada por el consistorio de Madrid, que no solo amenaza la habitabilidad y la salud de los vecinos afectados, sino que crea una clara y absoluta discriminación entre estos y el resto de los madrileños.
Por eso, en la tarde de hoy, miércoles 19 de abril de 2023, se celebrará una reunión de todos los afectados por los cantones de la ciudad en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) para estudiar las medidas conjuntas con el fin de armar un frente común, para que el Área de Medio Ambiente escuche sus reivindicaciones y trate de buscar soluciones que no entorpezcan la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Atentamente:
Grupo de Vecinos NO AL CANTÓN, SÍ AL PARQUE SINFONÍA
También pueden encontrar más información, fotos, etc., en nuestras redes sociales y en nuestro blog:
https://www.facebook.com/ParqueSinfonia
https://twitter.com/no_al_canton
https://twitter.com/parque_sinfonia
https://reubicacioncanton.blogspot.com/
Una vecina protesta en Las Águilas por las 'inquiocupaciones'
Mabel Rojas, Plataforma Afectados por la Ocupación: "Por humanidad, cedí un local a un matrimonio en 2019; ahora son diez y llevan años sin pagar"
Restituida la calle del General Millán Astray en Las Águilas tras dos años como Maestra Justa Freire
Gracias a la @PlataformaMill1 y su equipo entre los que si encuentran @GuillermoRocaf1 y un puñado de veteranos que han luchado contra viento y marea sin apoyos. 1.000 GRACIAS !!! ☠️🇪🇸🐏 @ANLH_JOMunilla @FundTercio @Lalegion_es @charrytv https://t.co/OYlzYKnRcT
— Miguel Temprano (@mtemprano) August 24, 2021
#BuenosDías, @PlataformaMill1
— PlataformaMillanAstray (@PlataformaMill1) August 25, 2021
Ante la ignorancia social, histórica y judicial, un repaso sobre la calle #MillánAstray en este artículo. Algunos evitarán el ridículo. Para salir de dudas. De nada.#Legion #LaLegion #LegionEspañola @Lalegion_es @MADRID https://t.co/uJ4SEufLp8 pic.twitter.com/LFloZ4CpgU
Una sentencia del Tribunal Superior obliga al Ayuntamiento a recuperar la calle del General Millán Astray
Podría ser calle Maestra Justa Freire, pero seguirá siendo del General franquista Millán Astray. Podría ser la calle de Mercedas Fórmica, novelista y defensora de la mujer, pero seguirá siendo calle de la División Azul que combatió con los nazis. Algo no va bien en nuestro país. pic.twitter.com/2J4cdXksiW
— Más Madrid (@MasMadrid__) May 13, 2021
La calle Millán Astray está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Un juez anula el cambio de nombre de la calle Millán Astray al no afectarle la Ley de Memoria Histórica
El magistrado estima que la calle se le concedió en 1924 por ser el fundador de La Legión, por sus méritos militares en Filipinas y por sus heridas en Marruecos y, por ello, no puede incluirse en la Ley de Memoria Histórica.
El 26 de abril de 2018 operarios del Ayuntamiento sustituyeron la placa de Calle del General Millán Astray por la de Calle de la Maestra Justa Freire.
Un juez obliga al Ayuntamiento de Madrid a mantener el nombre de la calle General Millán Astray por considerar que no encaja en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, tal y como sostiene el Comisionado del Consistorio.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a mantener el nombre de la calle General Millán Astray, situada en el barrio de Las Águilas, al considerar que el acuerdo que adoptó el Consistorio para modificarlo es "disconforme" a derecho, según publica Madridiario.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el juez estima un recurso interpuesto por la Plataforma Millán Astray contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 18 de julio de 2017 en lo relativo a la supresión de la citada denominación. De este modo, dispone que "la actuación administrativa" recurrida es "disconforme" a Derecho. Por ello, acuerda anular la supresión y condena al Consistorio madrileño a mantener el nombre de la calle.
En los fundamentos jurídicos, se expone que la actuación impugnada adolece de "la suficiente motivación", "sin que del contenido del expediente administrativo puede desprenderse, de manera inequívoca, que Millán Atray participara en la sublevación militar, ni tuviera participación alguna en las acciones bélicas durante la Guerra Civil, ni en la represión de la Dictadura".
Millán Astray no encaja en la Ley de ZP
Por ello, estima que el cambio de denominación no encaja en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, tal y como sostiene el Comisionado del Ayuntamiento de Madrid.
El juez señala que el nombre de la calle Millán Astray se debe a "las circunstancias singulares que dieron lugar a dicha denominación, por el Ayuntamiento de Madrid, en el año 1924, justificándose en el hecho de que Don José Millán-Astray,y Terrenos, militar profesión, fue el fundador de la Legión Española, así como por su participación como militar en la Guerra de Filipinas y por las heridas padecidas durante la Guerra de Marruecos".
Tras la retirada de la placa de la calle, la Plataforma Patriótica Millán Astray presentó una denuncia policial contra la retirada de la placa, lo que interpretaba como un presunto delito de odio y de prevaricación.
Paralizado "cautelarmente" el cambio de nombre de la calle General Millán Astray
El magistrado apoya los argumentos de los exlegionarios en cuanto al coste que esta modificación representará para comerciantes y vecinos.
A principios de junio de 2017, la Plataforma Patriótica Millán Astray recogió más de 300 recursos de vecinos contra el cambio de nombre de esta calle situada en el barrio de Las Águilas.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid paralizó, a principios de agosto y como medida cautelar, el cambio de nombre de la calle del General Millán Astray que el Ayuntamiento de Madrid ya había acordado.
El juez dispone que el Consistorio ha de detener "toda actuación o trámite tendente a cambiar de denominación de la calle del General Millán Astray". El nombre sustitutivo es Maestra Justa Freire. El fallo recuerda que la corporación ya había aprobado esta modificación en la Junta de Gobierno Local de principios de mayo de 2017 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
La petición de las medidas cautelares ha partido de la Plataforma Millán Astray, que en su recurso ha señalado que la modificación inmediata del callejero podría ocasionar una "perturbación grave" a los intereses "de terceros", en alusión a la documentación e impresos comerciales y publicitarios de "vecinos y comerciantes domiciliados en la calle".
El portavoz de la Plataforma, Guillermo Rocafort, aseguró que el 90 por ciento de los vecinos de la zona apoyan sus reivindicaciones, además de la totalidad de los comerciantes, a los que esta modificación podría suponer un gasto suplementario de varios miles de euros. Esta entidad se movilizó en septiembre de 2016 para evitar que desaparezca del callejero de Madrid el nombre del fundador de La Legión.
Rocafort interviene en el Pleno de Latina de diciembre de 2016.
Gastos excesivos
Otros argumentos que el magistrado ha tenido en cuenta son "el gasto que a las arcas municipales se derivaría de la nueva rotulación", o la crítica de la plataforma recurrente a no haber tenido acceso "al expediente y a la posibilidad de formular alegaciones".
El auto ha aceptado la legitimidad de la Plataforma como recurrente por los estatutos de la misma ─en los que se describe su finalidad en la "defensa de la verdad histórica y la memoria histórica que representa la obra del General Don José Millán Astray"─ y en que solo ha impugnado el punto del acuerdo municipal relativo al cambio de denominación de esta calle, y no ha extendido su recurso al resto de las 52 calles, plazas, y travesías sobre las que se va a actuar, según EP.
La Plataforma que ha solicitado la adopción de medidas cautelares entiende que el homenaje en el callejero a Millán Astray data de 1924. Rocafort explicó que se realizó "por motivos previos a la Guerra Civil". "Es como si le quitásemos la calle a Carlos V o a Felipe II", apuntó.
El Ayuntamiento ya había paralizado "cautelarmente" a finales de julio el cambio de placas de calles en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El Consistorio señaló entonces que no actuarían hasta que los tribunales se pronuncien sobre las medidas cautelares solicitadas en los recursos contenciosos-administrativos interpuestos.
El caso Nóos: infanta Cristina, fiscal Horrach y juez Castro, y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) centraron la XI Tertulia Ciudadana Cambia Madrid
Intervinieron Gonzalo Boye (abogado), Albano Cruz (filosofía política), José Luis Casero (asesor empresarial), Alejandro Gámez (No Somos Delito), Carlos Delgado (CAPI y ULEG), y Miguel Candelas (escritor)
Boye: "Nos están tratando como a bobos. Seños y señora Torres en el banquillo, Urdangarín en el banquillo, pero su señora no. Era la infanta la secretaria del consejo de empresa de Nóos, era la que firmaba dando fe de los acuerdos".
Alberto Sotillos, Albano Cruz, José Luis Casero, Ricard Arís, Gonzalo Boye y Alejandro Gámez Selma.
El caso Nóos, el posible juicio a la infanta Cristina, la posición del fiscal Horrach, el trabajo del juez Castro, y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) centraron la XI Tertulia Ciudadana Cambia Madrid, emitida en directo por Canal 33, el miércoles 10 de diciembre, entre las 21 y 23 horas, desde el plató del Restaurante La Estación de Los Porches.
También se presentó el libro 'Cómo gritar viva España desde la izquierda' de Miguel Candelas Candelas. Delgado trató en la Pizarra independente la politización de la justicia.
Gonzalo Boye (abogado del juez Elpidio Silva y alma de la revista Mongolia): "La infanta no es un elemento decorativo. Por su puesto que conocía la trama. Se ha dado un doble criterio entre la Abogacía del Estado y el fiscal anticorrupción que piden cárcel para la mujer de Torres y la exoneración de la infanta".
José Luis Casero (asesor empresarial, experto en márketing político, y socio director del grupo Tempo): "Es raro que la Abogacía del Estado y la Fiscalía no acusen sino que defiendan, en este caso, a la infanta Cristina". "En el caso Nóos doy más valor a la opinión del juez Castro que al fiscal Horrach". "La acusación popular acusa y la acusación pública no acusa".
Alberto Sotillos (asesor de comunicación, escritor y militante del PSOE): "La infanta no está indefensa. Tiene abogado y tiene al fiscal defensor, lo que no ocurre con el resto de la ciudadanía". "Si la infanta no llega a juicio, mal está la justicia".
Albano Cruz (experto en comunicación tecnológica, redes y filosofía política): "Ya decía Bismarck que es normal que un rey robe, pero que lo de los Borbones es pasarse". "La realeza de Gran Bretaña eligió un modelo de ética, de apertura en estos tiempos modernos".
Boye: "Cuando el Rey dijo que todos somos iguales ante la ley, mintió. Porque él es inmune. El Rey podría violarte y no le pasaría nada. Nadie le podría exigir responsabilidades".
Casero: "Confío en el juez Castro que procesará a Urdangarín y ya veremos qué ocurre con la infanta".
Sotillos: "El Rey le dijo a Urdangarín que parase en sus negocios y se fuera a Nueva York por lo que es cómplice, sabía de sus tejemanejes". "El New York Times publicó que el Rey tiene más de 1.000 millones de euros y nosotros no podemos investigar sus cuentas. Y podemos tocar a la infanta por los pelos".
Boye: "Lo mejor para el Rey es que diga que condenen a Urdangarín y a la infanta. Están poniendo en tela de juicio a las instituciones y al Estado". "No se puede aplicar la Doctrina Botín. El delito no es contra un particular sino contra la Hacienda pública que somos todos".
Sotillos: "Toda la instrucción se ha pervertido en favor de una persona, aunque los hechos digan lo contrario".
Casero: "Al final acabamos pensando que el dinero lo compra todo".
Boye: "Nos están tratando como a bobos. Seños y señora Torres en el banquillo, Urdangarín en el banquillo, pero su señora no. Era la infanta la secretaria del consejo de empresa de Nóos, era la que firmaba dando fe de los acuerdos".
Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza)
Esta Tertulia en Llamas, presentada por Ricard Arís, contó con un segundo debate sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como Ley Mordaza por colectivos como la Plataforma No Somos Delito, cuyo portavoz, el abogado Alejandro Gámez Selma visitó el plató para asegurar que "el 90% de reformas de esta ley se dirige a limitar los derechos ciudadanos y, sobre todo, el derecho de manifestación".
"Con la nueva ley mordaza se podrán imponer multas de 600.000 euros por manifestarse en la calle", denunció el portavoz de la Plataforma que agrupa a más de 100 entidades. "Se da más poder a la Policía y se sanciona con extrema dureza a los ciudadanos que salen a la calle a reclamar mejoras o a denunciar las políticas del Gobierno".
"Es un catálogo Ikea para los movimientos sociales: al Gobierno no le gusta que la gente proteste en la calle y hace una ley para acallarla", añadió Gámez. "La escalada de autoritarismo del Gobierno es brutal".
Casero hizo mención a una encuesta en la que más del 80 por ciento de los ciudadanos rechazaba la nueva ley de seguridad ciudadana o ley mordaza. "Hasta un 46 por ciento de los votantes del PP no la ven con buenos ojos".
Para Cruz está claro: "El Gobierno nos dice 'quedaos en casa y no salgáis a la calle'". "Las sanciones por manifestarse frente al Congreso de los diputados puede alcanzar los 600.000 euros".
Según Boye, la ley "parte de una premisa equivocada" que es incrementar una seguridad que no es necesaria. En tema de seguridad ciudadana, "no quiero que mis impuestos sirvan para financiara a los de las tarjetas black de Caja Madrid".
Sotillos afirma que la nueva ley "nos convierte a todos en potenciales delincuentes".
Y el ejemplo más claro de hasta donde llega la ley mordaza que el Congreso debería aprobar el jueves 11 de diciembre: "En la calle te pueden sancionar con más de 30.000 euros por grabar a los policías y más de 150.000 euros si no les entregas la cámara, acusado de desobediencia a la autoridad. Además, te quitan la grabadora y en el juicio tienes que pagar las tasas para poder defenderte".
El Jurado Popular exculpa a la expresidenta de Latina, María Nieves Sáez de Adana, por tráfico de influencias
El asunto llegó a los juzgados tras la denuncia en 2005 de los concejales del PSOE de Latina Óscar Iglesias y Noelia Martínez
La exconcejal presidente del distrito de La Latina María Nieves Saez de Adana (PP) fue declarada NO culpable por el jurado popular de un delito de tráfico de influencias. La Fiscalía pedía siete meses de prisión y una multa de 10.418,65 euros, además de otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En 2004, el distrito adjudicó la reforma del colegio Joaquín Dicenta a la empresa empresa Urbasa, cuyos administradores eran la arquitecta Beatriz Barrachina y Salvador Ballarín. Los dos son, respectivamente, cuñada y hermano de Borja Ballarín, el entonces jefe del Departamento de Servicios Técnicos de esta junta.
El juicio de la exedil se celebró esta semana. Ante el juez y el jurado popular, aseguró que no presionó a una gerente a que firmara la adjudicación. Explicó, además, que sugirió que se encargara la reforma a la arquitecta Beatriz Barrachina porque esta había hecho un trabajo “magnífico” en el distrito de Villaverde.
Saez de Adana contó que cuando supo que Barrachina era la cuñada del jefe de servicios técnicos, se dirigió a los servicios jurídicos de la Junta, que aseguraron que no “había ningún problema”. Y explicó que la ley permitía que contratos menores fueran adjudicados a partir de la fórmula “negociada”, sin concurso. En total, fueron firmados tres convenios con Urbasa.
Según el fiscal, en el periodo comprendido entre el 24 de junio y el 5 de julio de 2005 la procesada, en su calidad de Concejala Presidenta del Distrito de Latina, presionó a la Gerente del distrito, cargo que ella misma había designado, para que firmara el aprobado de la adjudicación del expediente por el precio de 10.418,65 euros del contrato de consultoría y asistencia técnica de la Dirección facultativa de un Colegio Público de Madrid.
En la operación, adjudicada a la empresa Urbasa, se nombraba como arquitecta directora de las obras a la cuñada del Jefe del departamento de Servicios Técnicos de Distrito de Latina.
El día 5 de julio la procesada consiguió que la Gerente estampase su firma pese a ser remisa a ello al constarle esa relación de parentesco de la arquitecta con el Jefe del departamento de Servicios Técnicos del Distrito, quien había intervenido directamente en la redacción y tramitación del referido expediente. Como consecuencia de la actividad desplegada por María Nieves Sáez de Adana, se adjudicó el contrato en una cantidad final de 11.839,27 euros.
El asunto llegó a los tribunales tras la denuncia judicial interpuesta en 2005 por la portavoz del PSOE en la Junta de Distrito de Latina, Noelia Martínez, y el diputado regional y entonces también portavoz de Latina, Óscar Iglesias.
El CIE de la vergüenza: Hacinamiento, enfermedad y muerte acaban con los inmigrantes

En el auto, al que ha tenido acceso GUÍA DE ALUCHE, varios magistrados ponen de manifiesto el "hacinamiento" del centro, en el que "no existen habitaciones individuales, ni dobles, ni triples" sino "mayoritariamente habitaciones absolutamente inapropiadas" que carecen incluso de "cuarto de aseo".
"No resulta por tanto extraño, desde el punto de vista técnico, que enfermedades infecciosas como cierto tipo de meningitis se puedan propagar con extrema y alta facilitad", añade el magistrado en el escrito.
Recuerda a continuación que es al director del centro al que le corresponde, al ser un centro que depende de la Administración del Estado, "ejercer su función de garante de la salud de las personas" que allí se encuentran "internas".
"Es de resaltar la especial gravedad del caso del CIE de Aluche, en el que ni tan siquiera existe una habitación de enfermería donde los internos enfermos pudieran estar aislados de los sanos", añade el juez, que lo relaciona directamente con el contagio de enfermedades.
En consecuencia, el auto resuelve que el director del centro de internamiento "deberá habilitar cuantas habitaciones fueran precisas para separar a las personas internas que hubiesen tenido contacto con la fallecida si así lo dispusieren los servicios médicos". Seguidamente, ordena que "cualquier interno que pueda presentar síntomas de enfermedad sea trasladado a un hospital" donde pueda recibir los cuidados correspondientes.
Por último, y tras una "lectura integral y sistemática de oficio de la documentación remitida", el auto señala que "no parece concluirse" que la fallecida "hubiera sido diagnosticada a tiempo".