-La ausencia del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en la
Mesa Técnica de Urgencias Sociales desata críticas por la inseguridad,
okupación y degradación del barrio.
-Mientras los políticos se culpan entre sí, los vecinos siguen enfrentándose a la violencia y la dejadez administrativa. “No podemos recibir paquetes a domicilio porque las empresas de reparto no quieren venir”, cuenta una vecina.
-“Las compañías de mantenimiento se niegan a trabajar en nuestros edificios por el peligro que supone. Incluso los jardineros piden escolta policial para limpiar”, se quejaba una vecina participante en la reunión.
Los vecinos de la calle Cullera han
vuelto a denunciar el abandono institucional que sufren, agravado por la ausencia
del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid en la Mesa Técnica de Urgencias
Sociales convocada, el 30 de enero de 2025, por la Delegación del Gobierno para abordar la grave
situación de convivencia, suciedad, degradación, narcotráfico y okupación en la zona.
La reunión, presidida por la subdelegada del Gobierno en
Madrid, Pilar Trinidad, tenía como objetivo coordinar a las distintas administraciones
para ofrecer soluciones a los problemas que afectan a los vecinos. Sin embargo, la no
asistencia de representantes municipales y autonómicos ha generado “bochorno y
decepción”, según fuentes vecinales y de la Delegación del Gobierno.
Los residentes de la conflictiva vía llevan más de una
década denunciando la degradación de sus edificios, que incluyen viviendas
okupadas, tráfico de drogas a plena luz del día y una insalubridad extrema. Los portales de los
edificios de Cullera 14 y 16 no pueden cerrarse, permitiendo la entrada y salida constante
de toxicómanos y delincuentes. Además, los ascensores están inutilizables,
con techos arrancados y restos de orines y defecaciones en su interior.
“La convivencia es insostenible”, ha explicado Javier
Poveda, portavoz de la Asociación Vecinal de Lucero. “Los drogadictos entran y salen a
cualquier hora, destrozan los portales y utilizan los rincones como baños públicos. La
Policía Nacional ha actuado, pero mientras sigan okupadas estas viviendas de la Agencia Social
de la Vivienda, el problema persistirá”, explica.
Críticas a la inacción del Ayuntamiento y la Comunidad
Los vecinos lamentan que, a pesar de la gravedad de la
situación, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sigan sin tomar medidas concretas. En la
reunión, se expusieron problemas que requieren intervención municipal y autonómica,
como la limpieza, la seguridad, el desalojo de okupas y la asistencia a personas
con adicciones.
La Comunidad de Madrid, propietaria de algunas de las
viviendas okupadas, no ha iniciado procesos de desalojo ni ha ofrecido alternativas
habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad. “Hablan mucho de la okupación
en general, pero no hacen nada para solucionar la de sus propias viviendas”, denuncian
los residentes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid sigue sin instalar
las cámaras de videovigilancia prometidas desde 2020. “Cada año nos dicen
que estarán listas a finales del próximo, pero ni siquiera han solicitado la autorización
necesaria”, critica Poveda.
Reacciones políticas enfrentadas
Desde la Delegación del Gobierno, se ha condenado la
ausencia de las otras administraciones. “Es lamentable que ni la Comunidad ni el
Ayuntamiento hayan querido sentarse a buscar soluciones”, declaró la subdelegada Pilar
Trinidad, subrayando la necesidad de una acción conjunta.
En respuesta, el consejero de Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha desestimado las críticas y ha acusado al
delegado del Gobierno de intentar “imponer su agenda”.
En la misma línea, la portavoz
del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha insistido en que la responsabilidad de la seguridad
recae en el Gobierno central y ha exigido “el desalojo definitivo de las viviendas
okupadas”.
Mientras los políticos se culpan entre sí, los vecinos
siguen enfrentándose a la violencia y la dejadez administrativa. “No podemos recibir paquetes a
domicilio porque las empresas de reparto no quieren venir”, cuenta una vecina.
“Las compañías de mantenimiento se niegan a trabajar en nuestros edificios por
el peligro que supone. Incluso los jardineros piden escolta policial para limpiar”,
se quejaba una vecina participante en la reunión.
Y es que la comunidad de vecinos también afronta una deuda
de 150.000 euros debido al impago de las cuotas de mantenimiento por parte de los
okupas. Los residentes han tenido que hacer derramas para reparar tuberías y sistemas
eléctricos destrozados, un esfuerzo económico insostenible para muchos, especialmente
para los jubilados con pensiones mínimas.
Propuestas profesionales y concretas de los Criminólogos
Miembros del Colegio Profesional de la Criminología de la
Comunidad de Madrid (CPCM) también han estado presentes en la reunión. Ignacio González, miembro del Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la
Función Policial, destacó la necesidad de una actuación conjunta entre asociaciones y
administraciones para implementar soluciones efectivas.
A pesar de la correcta
actuación de la Policía Nacional, señaló que la situación sigue sin resolverse y requiere
medidas adicionales, como videovigilancia, apoyo social y formación para los vecinos
en seguridad y cooperación.
En la primavera pasada, el CPCM realizó un estudio en el
barrio de Lucero, donde los vecinos identificaron el origen del problema con la llegada
de una familia conflictiva que ocupó varias viviendas. Según el informe, las intervenciones
policiales han sido insuficientes y la delincuencia sigue presente, lo que ha
generado una sensación de inseguridad y abandono institucional.
Como respuesta, los
criminólogos han diseñado una serie de medidas, incluyendo la implicación de propietarios,
formación vecinal, sanciones a dueños que permitan actividades ilícitas y campañas
comunitarias contra el narcotráfico.
Las propuestas incluyen el aumento de la presencia policial,
la instalación de cámaras de vigilancia, la reorganización del tráfico y el control de
accesos a los edificios. También se plantea mejorar la iluminación, reforzar normativas de
seguridad y promover programas de rehabilitación para toxicómanos.
El CPCM
enfatiza que estas acciones deben basarse en estudios criminológicos y en la cooperación
de todos los actores involucrados: vecinos, administraciones, cuerpos policiales
y el sistema judicial, con el fin de recuperar la seguridad y la convivencia en la zona.
Pese a la decepción generalizada, los vecinos aseguran que
seguirán luchando. Exigen que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se sienten a
dialogar en la próxima convocatoria de la Mesa Técnica y que se tomen medidas
urgentes para recuperar la seguridad y dignidad del barrio. “No podemos permitirnos el
lujo de rendirnos”, afirman. “Seguiremos insistiendo hasta que nos escuchen y actúen de
una vez”, finalizó el presidente de la Asociación de Vecinos de Lucero.
En la protesta, a la que han acudido más de 200 personas, también han estado presentes Ana María González, la promotora de la recogida de firmas por el suburbano en change.org ("no es una cuestión de dinero sino de voluntad política"); y el presidente de la AV Las Águilas, Julio Martínez.
Este último considera que es el momento de presentar su propuesta a la Comunidad de Madrid (el proyecto en breve estará en exposición pública) para que habilite una estación en un solar ubicado en la calle José de Cadalso, cerca de la Avenida de la Aviación.
Han apoyado la concentración de 'Metro a Las Águilas ¡Ya!' vocales vecinos de PSOE y Más Madrid Latina.
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